Según El Diario Colatino en la portada editorial de la edición lunes 17 de Diciembre.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer, a finales de la semana pasada, un estudio que refleja una cruda realidad salvadoreña respecto a la falta de política gubernamental para combatir la desnutrición, la pobreza y pobreza extrema.

El documento es claro, no hay  políticas para solventar la demanda alimenticia, sobre todo, de calidad. Este año, sin previo estudio ya se tenía conocimiento o sospecha de ellos.

Un indicador, por supuesto, es la falta o disminución de los productos de la canasta básica, lo que llevó a otro factor: el encarecimiento de la misma.

Fue insólito, y lo sigue siendo por supuesto, que no hubiese fríjol, que la libra llegara a costar hasta 1.50 de dólar; que el pan y la tortilla aumentara de precio, cual producto extranjero.

Tanto el Presidente Elías Antonio Saca como su ministro de Agricultura, Mario Salaverría, decían una y otra vez, que la inexistencia de fríjol era coyuntural, que la cosecha postrera vendría a disminuir los precios, lo cual, por supuesto no ha ocurrido.

Entonces, cómo no habrá desnutrición, si tan siquiera el fríjol, el producto alimenticio básico de amplias mayorías de la población hay en abundancia.

Nos parece importante que la PDDH haya tocado este elemento, pues, claro está, garantizar la alimentación del pueblo, que debería llevar implícito el tema de la nutrición, es un derecho humano, no sólo establecido en la Constitución de la República, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo quincuagésimo aniversario se ha celebrado el 10 de diciembre recién pasado.

El Informe sobre el estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador” indica que la desnutrición global está en un 10.3%, mientras que la crónica en un 18%.

De ahí que debemos apoyar las medidas que propone la PDDH, entre otras: la formulación y aprobación de una ley de seguridad de alimentaria y nutricional.

Crear un consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional, conformada por varias instituciones estatales y no estatales vinculadas a la materia, y, por último, una reforma constitucional para que se reconozca y garantice el derecho de una alimentación adecuada.

Es decir, pues, hacer realidad que lo social es la base de todo, y no un simple eslogan de propaganda del actual presidente de al república.